La sentencia del TC y el negocio de la salud

Matías Bosch Carcuro. En muchas ocasiones hemos explicado y demostrado que el sistema de aseguramiento de salud en República Dominicana es coherente con la evidencia internacional: convierte un bien público que debiera garantizar un derecho, en una mercancía privada que se compra individualmente, a merced del lucro de grupos empresariales. En ese marco el Estado cumple un rol absolutamente subsidiario: financiar la demanda de los tan pobres que no pueden pagar la mercancía por sus propios medios y corregir “fallas de mercado” para hacerlo “más decente”, tratando de recoger pesitos como pueda.  

Los artículos 31 y 159 de la actual Ley de Seguridad Social disponen que los empleados públicos del país estén afiliados al Régimen Contributivo del Seguro Familiar de Salud a través del Seguro Nacional de Salud (SENASA), aseguradora de propiedad estatal.

Estos artículos han sido burlados sistemáticamente con la complicidad absoluta y sabida de los funcionarios públicos y de las entidades de control. Mientras los afiliados al Régimen Contributivo subieron en total de 1.3 millones en 2007 a 3.8 millones en 2017, las aseguradoras privadas captaron 2.8 millones. Al finalizar 2017, cuatro ARS privadas (Humano, Palic, Universal y Futuro) concentraban el 88% de los ingresos.

Las ARS privadas interpusieron una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo con la finalidad de que se prohibiera al gobierno cumplir la Ley y materializar el traspaso de los servidores estatales al Seguro Nacional de Salud (SENASA), a través de una resolución dictada en octubre de 2012. Esta resolución tuvo como contexto que las ARS públicas tuvieron pérdidas descomunales entre 2008 y 2012.

 

El Tribunal Constitucional acaba de actuar en la materia, y no en defensa de derechos ni en acción constitucional, sino como árbitro en términos técnicos: resuelve que la acción de amparo de las ARS privadas debe ser declarada inadmisible en forma y fondo. En ese sentido, la resolución de la SISALRIL emitida en octubre de 2012 debe ponerse en marcha e iniciar el traspaso de servidores públicos a SENASA.

¿Se molesta con esto a las grandes ARS privadas? Sí. ¿Se defiende con esto el derecho a la salud? Esa es otra pregunta. La verdad es que en el régimen contributivo las ARS públicas ya llegaban en 2017 a 932 mil afiliados. ¿De dónde van a sacar más empleados públicos para afiliar y aumentar su “poder de mercado”?

La promesa de que SENASA iba a ser una maquinaria de financiamiento para servicios públicos de salud de calidad se ha derrumbado en el tiempo. SENASA se comporta como lo que es: parte de un mercado de salud privatizado y no de un sistema de salud. A los proveedores y prestadores privados les llega el 93% de los recursos del Régimen Contributivo y el 47% del Régimen Subsidiado. Por su parte, el supuesto aumento de la “libre competencia” puede variar el margen de ganancia de las ARS pero jamás ayudará a tener un verdadero sistema de salud.  Si no, pregúntenle a los chilenos y colombianos, de donde se copió este modelo inhumano.

Lo dramático es que el país se va a seguir gastando más de 200 mil millones de pesos en salud cada año, y en lugar de financiar servicios funcionales, dignos, universales y de calidad, seguiremos jugando al gato y al ratón en tribunales, y se van a seguir financiando aseguradoras, carnet, planes y combos según el bolsillo de cada quien. 

 

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