Movilización social por una nueva municipalidad

Pedro A. Hernández.

Un relato airoso

Hace poco más de veinticinco años, en pleno apogeo del neoliberalismo y la globalización, se desató en América Latina una fiebre por la descentralización, planteada entonces como una estrategia de debilitamiento del Estado, en especial del llamado “Estado benefactor”, que había sido una forma de gobernar caracterizada por reconocer y garantizar un conjunto mínimo de libertades y de derechos ciudadanos.

A través de diversos medios, el calor de la fiebre de descentralización llegó a República Dominicana, y varios intelectuales y activistas sociales, que habían conocido experiencias al respecto en Argentina, Brasil Colombia o Chile, o habían leído uno que otro libro sobre la temática, se hicieron partidario de esa estrategia política e iniciaron procesos de difusión del concepto y de demanda de descentralización del Estado dominicano.

Poco a poco el reclamo de descentralización fue ganando simpatía y espacio de opinión, ya no solo en intelectuales y activistas sociales, sino también en dirigentes políticos locales y líderes comunitarios, lo que elevó de dimensión la demanda de descentralización, sobre todo porque se relacionó la misma con los municipios y sus gobiernos territoriales, los ayuntamientos.

Se comenzó a plantear que la descentralización de poder político para la toma de decisión de determinados asuntos públicos, así como de recursos económicos, debían hacerse hacia los municipios y los ayuntamientos.

Se argumentaba que la descentralización hacia los municipios creaba más posibilidades para la participación de la ciudadanía, al tiempo que podía permitir equilibrar los grandes desequilibrios regionales existentes en el país, producto de la centralización política y económica localizada en la zona metropolitana, sede del Gobierno.

La demanda de descentralización propició el aumento de asignación de recursos provenientes del Presupuesto Nacional a los ayuntamientos. Incluso se aprobó la Ley 166-2003 que destina a los municipios un 10 por ciento de los ingresos ordinarios del Estado. Así,los gobiernos locales fortalecieron sus bajísimos niveles de institucionalidad, mejoraron su capacidad técnica y la prestación de los servicios que les competen, todo lo cual se tradujo en aumento significativo de la satisfacción ciudadana con la gestión municipal.

Fue aprobada la Ley 176-2007 del Distrito Nacional y los Municipios, que crea un conjunto de mecanismos para garantizar la participación ciudadana en la gestión de los territorios, entre ellos los presupuestos participativos, espacios de participación social en los cuales la gente tiene la oportunidad de identificar y priorizar necesidades y problemas colectivos inmediatos cuya solución debe ser integrada a los planes operativos anuales de los gobiernos locales. Los presupuestos participativos han constituido además un ejercicio de aprendizaje democrático.

Los avances de la municipalidad fueron tan destacados, que la República Dominicana se sitúo, entre los años 2000 y 2010, como el país de la región con el nivel más alto de confianza en los gobiernos municipales, 63.7 puntos en promedio, y uno de los más altos en la satisfacción de la ciudadanía con los servicios públicos locales, 56.9 en promedio[1].

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Un relato desconsolado. Hacia atrás, como el cangrejo

El relato anterior parece muy bello para ser verdad. Es cierto, pero como dice el refrán popular reproduciendo la actitud pesimista del dominicano y la dominicana: “en casa de pobre la alegría dura poco”. Así ha pasado efectivamente con la municipalidad dominicana, pues a partir del año 2010 lo que se registran son retrocesos encadenados, con muy pocos avances y luces, que los hay.

En este nuevo relato, lo primero que hay que decir es que el aumento de las transferencias económicas desde el Gobierno Central hacia los gobiernos locales estimuló el apetito de los gavilanes locales, que se lanzaron en bandadas contra los nacientes polluelos. Se crearon decenas y decenas de municipios y distritos municipales nuevos, destrozando en centenares de pedazos el territorio, obstaculizando así el trabajo de planificación territorial por falta de escalas adecuadas y creando una hipertrofiada burocracia que succiona recursos antes destinados a obras y servicios.

Para empeorar las cosas, la Ley 166-2003 que destina el 10 por ciento de los ingresos del Estado para los municipios nunca ha sido cumplida por los gobiernos y, en los últimos años, lo que se registra es una baja en picada de las transferencias de recursos que por dicha ley el Gobierno Central debe transferir a los municipios.

Por otra parte, de acuerdo con informaciones contenidas en la plataforma de la Dirección General de Presupuesto –Digepres-, de un total de 251 entidades municipales (ayuntamientos y juntas de distritos), solo el 64.03%, presentaron presupuestos participativos y, de esos, apenas un 35.61% cumplió con la asignación del total de recursos programados[2].

En lo que tiene que ver con los consejos de desarrollo económico y social, que son los órganos de las municipalidades destinados a garantizar la participación social en la elaboración de los planes de desarrollo y en los presupuestos municipales, en diciembre de 2016 habían sido formados 81, de los cuales solo 27 estaban activos, el 17.08 por ciento del total. 

En la actualidad, la población, en general, “percibe una baja calidad en la gestión de las autoridades del Municipio (46.3%) y de los Distritos Municipales (44.5%). Las razones que justifican esta percepción están asociadas con el hecho de que los gobiernos locales no cumplen sus obligaciones o no realizan una buena gestión, usan los recursos para su beneficio o son corruptos, tienen poca capacidad y por tanto poco o ningún conocimiento sobre su misión y sus funciones; y no se ocupan del arreglo de calles, carreteras, aceras y contenes, a pesar de que la inversión en obras constituye una de las principales prioridades de los gobiernos locales[3].

Frente a ese desolador relato, se impone plantear algunas propuestas y acciones en pro de rescatar la municipalidad y convertirla en el espacio natural para el ejercicio de la democracia en los territorios. Hay que promover la organización devigilias, mítines en calles, plazas y parques, ocupación de edificios y marchas municipales para reclamar los derechos ciudadanos y gobiernos municipales que sean eficaces en la prestación de las obras y servicios que les corresponde. 

 
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[1]Jana Morgan, Rosario Espinal. Cultura política de la democracia en República Dominicana, 2008: El impacto de la gobernabilidad.Vanderbilt Universiti. 2008.

[2]Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Informe al Congreso Nacional.Análisis y evaluación de la ejecución presupuestaria y la rendición de cuentas genera­les del Estado, Año Fiscal 2017. Santo Domingo, República Dominicana, 2018.

[3]Cámara de Cuentas. Informe diagnóstico sobre los municipios y distritos municipales y el cumplimiento de las leyes 176-07 y 10-04. Informe Final. Octubre 2016.

 

 

 

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