La manipulación del concepto extranjero en tránsito

Es bien conocido que mediante la reconocida sentencia TC/0168/13, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana despojó de la nacionalidad a miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia extranjera, que mayoritariamente son de ascendencia haitiana. El caso que tuvo como resultado la sentencia indicada refería a una negación por parte de la Junta Central Electoral a entregar documentos de identidad a la señora Juliana Deguis, bajo el alegato de que éstos habrían sido obtenidos irregularmente. En el fondo el Tribunal Constitucional tuvo que referirse al hecho de si le correspondía o no la nacionalidad dominicana a la accionante.

El razonamiento del órgano jurisdiccional fue el siguiente: la Constitución establece que personas nacidas de extranjeros en tránsito no tienen la nacionalidad dominicana, lo cual constituye una excepción a la adquisición del derecho a la nacionalidad por jus soli. Los padres de la señora Deguis eran braceros haitianos y, por tanto, debían ser considerados como extranjeros en tránsito.Por vía de consecuencia, la señora Deguis se encontraba en el régimen excepcional establecido por la Constitución y no podía ser considerada de nacionalidad dominicana. La sentencia extendió su decisión a todas las personas con un una condición similar a la de la accionante, para lo cual ordenó una revisión del registro de nacimientos ocurridos desde el año 1929.

La extensión del concepto extranjero en tránsito a personas con una condición migratoria no encuadrable en el sentido literal del mismo, fue lo que permitió al Tribunal Constitucional producir la desnacionalización masiva. Sin embargo, este solo fue el último momento de todo un proceso de institucionalización del desconocimiento del derecho a la nacionalidad a los dominicanos y las dominicanas de ascendencia haitiana.

En la Constitución del año 1929 se incluyó como excepción a la adquisición de la nacionalidad por jus soli, el hecho de haber nacido de personas que se encontraran en tránsito en el país. A esta excepción se agregaba el hecho de haber nacido de personas ejerciendo representación diplomática en la República Dominicana. Estas dos excepciones se mantendrían hasta el año 2010, cuando la Constitución vigente estableció el hecho de haber nacido de una persona en condición migratoria irregular como nueva excepción.

Las leyes migratorias inmediatamente posteriores a la Constitución del año 1929 daban una idea clara de qué debía entenderse por extranjero en tránsito. En dicho sentido, la Ley No. 426 del año 1932 establecía en el párrafo 5 del artículo 3 lo siguiente:

“Los extranjeros que entren al país con fines exclusivos de tránsito para otro destino, por requerirlo así su itinerario y siempre que no permanezcan sino el tiempo estrictamente necesario, estarán exonerados de pagar el impuesto de inmigración.”

De esta disposición se infiere claramente que el concepto extranjero en tránsito está vinculado con los extranjeros que entran al país con fines exclusivos de hacer tránsito hacia otro país. Es esta la interpretación que en sentido literal puede darse a dicho concepto y que se justifica en el contexto histórico del momento, cuando la aeronáutica no estaba tan desarrollada y el estado de tránsito de una persona que viajaba vía marítima podía ser considerable en comparación con los parámetros del presente.

En el año 1939 se promulgó la Ley No. 95 de Migración, antecedente de la legislación vigente en dicha materia. Esta ley realizó una clasificación entre extranjeros inmigrantes y extranjeros no inmigrantes. La diferencia radicaba en que los primeros estaban dotados de residencia permanente, mientras que los segundos ingresaban al país mediante admisión temporal. Dentro de los extranjeros no inmigrantes se establecían los siguientes sub-grupos:

1.    Visitantes en viaje de negocio, estudio, recreo o curiosidad;

2.    Personas que transiten a través del territorio de la República en viaje al extranjero;

3.    Personas que estén sirviendo algún empleo en naves marítimas o aéreas;

4.    Jornaleros temporeros y sus familias.

Queda evidenciado que lo que debía entenderse por extranjero en tránsito, según las leyes migratorias entonces vigentes, era el segundo subgrupo de extranjeros no residentes. Se trata de personas que transitan a través del territorio de la República en viaje al extranjero. El Reglamento No. 279 de aplicación a la Ley No. 95 fijó un plazo de diez días para considerar dicha transitoriedad.

A partir de esta realidad normativa es imposible concebir que personas con décadas viviendo en la República Dominicana puedan ser entendidas como extranjeros en tránsito. Esa interpretación es contraria al sentido común y literal en que las constituciones desde el año 1929 emplean en término, y mucho más contrario a la legislación migratoria vigente hasta el año 2004.

Sucede que la Ley General de Migración del año 2004 estableció, de golpe y porrazo y sin criterio de razonabilidad alguno, que los extranjeros no residentes serían considerados como extranjeros en tránsitopara los fines de aplicación de la disposición constitucional que establece la excepción a la adquisición de la nacionalidad por nacer de personas en esta condición. Por vía legislativa se la daba un sentido totalmente distinto al que por vía constitucional predominaba desde el año 1929.

Esta disposición fue accionada en inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Mediante sentencia No. 9 del 14 de diciembre del año 2015, la Suprema Corte de Justicia consideró que la misma no violaba la Constitución e incluso fue más allá al considerar que no solo los extranjeros no residentes debía considerarse en tránsito, sino también los extranjeros en situación irregular. De esta manera todo extranjero no residente o en situación irregular sería considerado como extranjero en tránsito y sus hijos nacidos en el país, por tanto, no podrían adquirir la nacionalidad dominicana.

La sentencia de la Suprema Corte de Justicia fue dictada poco tiempo después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera la sentencia del caso de las niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. En esta decisión la Corte Interamericana estableció que“para considerar a una persona como transeúnte o en tránsito, independientemente de la clasificación que se utilice, el Estado debe respetar un límite temporal razonable, y ser coherente con el hecho de que un extranjero que desarrolla vínculos con el Estado no puede ser equiparado a un transeúnte o persona en tránsito.”

Aun bajo el inconstitucional sentido dado por la Ley General de Migración al concepto de extranjero en tránsito, quedaba la idea de que lógicamente ello no podía ser aplicado previamente al año 2004, año en que fue promulga la legislación. Sin embargo, mediante la Resolución No. 12/2007 la Junta Central Electoral inició un procedimiento para la suspensión provisional de expediciones de actas del Estado Civil supuestamente viciadas o instrumentadas de manera irregular. Bajo dicha resolución consideró como irregulares las actas de nacimiento en cuyo registro intervinieran como padres personas consideradas como extranjeros en tránsito,según la legislación del año 2014, con lo cual se daba una aplicación retroactiva a la misma.

Precisamente el caso de la señora Juliana Deguis surge como consecuencia de aplicación de esta resolución para negarle la entrega de sus documentos. Como advertíamos al principio, la sentencia del Tribunal Constitucional sería el punto culminante de este proceso de desconocimiento del derecho a la nacionalidad a través de la manipulación del concepto extranjero en tránsito. 

La muestra más fehaciente de esta manipulación interpretativa es la propia Constitución del año 2010. Como excepción a la adquisición a la nacionalidad por jus soli dicha Constitución agregó el hecho de haber nacido de personas en condición migratoria irregular. La pregunta obvia es la siguiente: Si los inmigrantes en condición irregular ya eran considerados como extranjeros en tránsito, ¿por qué incluir constitucionalmente esta nueva excepción? La respuesta: El concepto de extranjero en tránsito no se extiende a todo tipo de extranjero no residente ni a los extranjeros en situación irregular, razón por la cual debía incluirse esta nueva excepción.

Al final, todo lo descrito es una muestra de cómo el Derecho puede ser manipulado institucionalmente y ser utilizado a fin de legitimar situaciones totalmente contrarias a lo que se supone que procura proteger.